El martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que fija las reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado. Con este, las penas se endurecen y llegan hasta 35 años. Pero ni la represión o el incremento de leyes ni las […]

Por Percy García Cavero. 17 mayo, 2013.

El martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que fija las reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado. Con este, las penas se endurecen y llegan hasta 35 años. Pero ni la represión o el incremento de leyes ni las medidas a corto plazo lograrán reducir los niveles de criminalidad, violencia y corrupción que hay en el  país, explica el doctor Percy García Cavero, en esta entrevista.

El penalista García Cavero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, señala que se debe trabajar en los factores criminógenos y aumentar la educación en valores, las alternativas laborales, los programas de readaptación juvenil o de integración a la sociedad. Además, “hace falta una madurez política de acuerdos mínimos a largo plazo y no un simple interés de destacar en una primera plana, dando una ley penal dura o especialmente represiva. Eso vende, pero no soluciona nada”, afirma.

¿Hacen falta más reformas y nuevas leyes para combatir con eficacia el crimen organizado?

Siempre existen aspectos legales que se pueden perfeccionar, mucho más en el caso de una criminalidad tan dinámica como es la organizada. Debe tenerse en cuenta que la reforma a las leyes no solo incide en el tema de la incriminación de nuevas conductas o el aumento de las penas, sino también en la implementación de nuevas técnicas de investigación para probar, en un proceso penal, la responsabilidad de los implicados, de manera que no consigan librarse de las sanciones penales por razones de déficit probatorio.

Un congresista piurano dijo que el no iba al Congreso a proponer más leyes ni proyectos de ley porque ya hay suficientes, pero hace falta que se cumplan ¿qué opinas de esto?

Esta afirmación es, en parte, cierta. Como todo, la delincuencia cambia en sus modalidades de realización, por lo que hay que actualizar las leyes. Sin embargo, muchas  solo aplacan la angustia social, pero no solucionan el problema. Se nos ha vendido la idea de que la lucha más eficaz contra la criminalidad es la represión punitiva, pero la realidad muestra que eso es falso. La mejor política criminal es una buena política social, lo que significa que más que preocuparse en la dación de más leyes represivas, se deben atacar los factores sociales que llevan a un número cada vez mayor de personas a “optar” por la actividad delictiva como forma de vida.

¿La criminalidad se relaciona con la exclusión social?

Criminológicamente, esta siempre se manejó como uno de los principales factores criminógenos. Sin embargo, en un país con una amplia oferta de trabajo, no se pude seguir diciendo que la pobreza es la causa de la criminalidad.

Hay otros componentes sociales que explican que muchas personas, pese a la posibilidad de desarrollar una actividad lucrativa legal, optan por el delito como forma de vida. No me parece, por ejemplo, que los marcas no puedan obtener un empleo digno; y tampoco me explico cómo funcionarios públicos con un trabajo y un sueldo nada despreciable, decidan vivir de la coima y del tráfico de influencias.  Tampoco es explicable que grandes empresarios cometan delitos económicos que resultan socialmente más lesivos que los hurtos o estafas de los pequeños delincuentes. Hay una idea muy internalizada en nuestra cultura de que el éxito es sinónimo de dinero y que no importa cómo se consiga.

¿Qué está fallando para el juzgamiento adecuado de los acusados de los delitos de crimen organizado y otros relacionados?

Creo que hay mucha dificultad para detectar y acreditar los actos de criminalidad organizada. Esta modalidad se asegura la impunidad manteniendo amenazadas a las víctimas para que no denuncien los hechos; además, han reclutados a ciertos operadores del sistema penal que les aseguran la impunidad. Hace falta, por lo tanto, crear unidades especializadas que puedan romper el hermetismo de las víctimas y evitar la injerencia de los operadores captados. Además, y creo que a ello apunta el proyecto de ley de criminalidad organizada, hay que ofrecer a los órganos de persecución penal herramientas procesales para poder acreditar en juicio la realización de los delitos y, por lo tanto, asegurar la efectiva imposición de una condena (intervención de las comunicaciones, agente encubierto, entregas vigiladas, etc.).

Creo (como muchos) que la ineficacia en el cumplimiento de las leyes tiene un tufo grande de ‘corrupción’, ¿qué medidas debieran adoptar para extirparla de las instancias relacionadas a la captura, investigación y juzgamiento en casos de crimen organizado?

En efecto, hay todavía corrupción en el sistema penal, que se mueve en todas las etapas y niveles, eso no se puede negar. Sin embargo, siempre los mecanismos de lucha contra este tipo de corrupción se han dado contra el funcionario o servidor público y se hace poco contra el particular, que es el agente de corrupción. En este punto, creo los abogados son el principal foco de corrupción y no se hace nada contra ellos.

Todos hablamos tal o cual juez, pero nadie dice nada de los abogados involucrados en una sentencia escandalosa, por ejemplo. El riesgo de que los abogados se conviertan en el principal foco de corrupción se incrementa con la proliferación de abogados de dudosa formación jurídica. La pregunta que lógicamente cae por su propio peso es cómo van a litigar si saben poco de derecho. La respuesta evidente: lo harán con malas mañas.

¿El endurecimiento de las penas ayudará a reducir el índice del crimen organizado?

De ninguna manera. Hace siglos Beccaria puso de manifiesto en su memorable escrito sobre los delitos y las penas que lo que realmente produce una reducción de la criminalidad no es el aumento de la severidad de las penas, sino la certeza del castigo. Al delincuente, lo que más le hace pensar a la hora de decidir si comete un delito es si lo descubrirán o no. Ese es el factor que realmente intimida. Este resultado no se logra con más represión, sino con procesos eficientes de investigación.

Entonces, ¿qué hace falta, a nivel de las instituciones del Estado, para que disminuya la violencia y actividades delincuenciales en el país?

Como he dicho, la mejor política criminal es una buena política social. Esto no es un gran descubrimiento; lo difícil es que los políticos asuman el compromiso de trabajar en un proyecto cuyos resultados quizá no los vean ellos sino una nueva generación de políticos. Esos planes de largo plazo son los únicos que pueden cambiar las cosas.

¿Qué medidas habría que tomar también desde los gobiernos regionales y locales?

Exactamente la misma lógica solo que en atención a los problemas regionales y a las facultades de gobierno que tienen.